Volver atrás
Carlos Eugenio Beca
Investigador asociado CPCE
Hace algunos meses, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP) que fija una ruta y un horizonte de ocho años (2020-2028) para la nueva educación pública, responsable de la formación de la mayoría de los niños y niñas más necesitados que habitan nuestro territorio. Los distintos organismos que conforman el sistema de educación pública – Dirección de Educación Pública, Servicios Locales de Educación y establecimientos educacionales y jardines infantiles de su dependencia – cuentan ahora con orientaciones claras para su gestión.
Aunque la aprobación de la ENEP estuvo precedida de un proceso de consultas a las comunidades educativas, hay un amplio espacio para que los protagonistas de la educación pública (docentes y directivos, asistentes de la educación, estudiantes y familias) se apropien de los principios de la nueva educación pública y de los objetivos de la ENEP, condición necesaria para su buena implementación.
La Estrategia intenta traducir en objetivos y metas los grandes principios del sistema de educación pública creado por la Ley 21.040, de 2017: calidad integral, mejora continua de la calidad, cobertura nacional, desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades, colaboración y trabajo en red, proyectos educativos inclusivos, laicos y de pertenencia local, formación ciudadana y valores republicanos, e integración con el entorno y la comunidad.
La ENEP define cinco objetivos estratégicos, con sus respectivas líneas de acción y metas. De éstos, resaltamos los dos primeros por ser fundamentales para lograr la educación pública de calidad a que tienen derecho los niños, niñas, jóvenes y personas adultas:
Ambos objetivos estratégicos implican especiales responsabilidades y desafíos para los directivos escolares, demandándoles ejercer un efectivo liderazgo de la gestión curricular y del desarrollo profesional docente. Sin el concurso activo de las directoras, directores y directivos de las escuelas, liceos y jardines infantiles, es imposible cumplir estos objetivos.
Los otros tres objetivos se refieren a las funciones de los sostenedores (Servicios Locales de Educación) en el ámbito administrativo y financiero, y son también críticos porque si no se asignan recursos suficientes por parte del Estado se dificulta mucho alcanzar los fines educativos.
Una adecuada gestión pedagógica descansa en el desarrollo de las capacidades de los equipos docentes, y es por ello que la ley de educación pública prioriza entre las funciones de los directores escolares la orientación del desarrollo profesional continuo de los docentes y asistentes de la educación (Art. 10, letra b). En este sentido, las normas para la educación pública están armonizadas con el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (carrera docente) que promueve el desarrollo profesional de acuerdo a los contextos locales y de los establecimientos educacionales, y el trabajo profesional colaborativo entre los docentes, liderado por los equipos directivos.
Sin embargo, para el adecuado ejercicio de estas exigentes responsabilidades, los líderes escolares necesitan contar con los apoyos necesarios, principalmente en cuanto al desarrollo profesional de los docentes. Junto con el apoyo, es indispensable que los Servicios Locales de Educación (SLEP) tengan confianza en los equipos directivos y les otorguen las condiciones para que puedan llevar adelante los proyectos educativos institucionales.
Mirando hacia el cercano año escolar 2021, es preciso recoger y valorar los aprendizajes logrados por los directivos al enfrentar los complejos desafíos de este año de educación a distancia, pero al mismo tiempo cercana con los estudiantes y sus familias.
En suma, la ENEP representa un norte para la nueva educación pública chilena que se concretiza mediante los planes estratégicos locales de cada uno de los SLEP para cuya implementación los directivos escolares son actores fundamentales.
