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Carlos Eugenio Beca
Investigador asociado CPCE
Desde hace casi dos décadas, se ha ido relevando en Chile la importancia estratégica de la función directiva de los centros educativos. Impulsada por el estancamiento de los resultados en las pruebas nacionales e internacionales de aprendizaje y por la importancia que la literatura internacional asignaba al rol de los directores escolares, las políticas públicas comenzaron a dar pasos, en la década del 2000, mediante medidas aisladas tendientes a fortalecer la función directiva. Estas dicen relación con profesionalizar los concursos para cargos de directores en la educación pública municipal, mejorar remuneraciones, crear incentivos por desempeño y aumentar atribuciones, entre otras materias.Varias de estas medidas, se han materializado a través de normas legales (Ley miscelánea JEC/2004; Ley 20.006/2005; Ley General de Educación/2009; Ley 20.501/2011; Ley 21.040/2017).
Otra medida de gran incidencia, dice relación con la formulación, tras largos procesos de consulta y revisión de experiencias comparadas, de marcos de actuación cuya expresión vigente es el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (Mineduc, 2015). Sin embargo, la aprobación y gradual implementación de un Sistema de Desarrollo Profesional Docente, más conocido como carrera docente, que implica un nuevo reconocimiento social a la docencia de aula, puso de relieve la necesidad de valorizar, de igual modo, la función directiva, a través de una política integral. La carrera docente produjo un impacto indirecto en la situación de los directivos docentes cuya manifestación más evidente es un retroceso relativo en materia de remuneraciones y el abandono temprano de los cargos de directores/as.
En su momento, se optó por no incluir a los directivos en la carrera docente, aunque el gobierno declaró que el tema sería abordado en una legislación separada. Sin embargo, a pesar de haberse elaborado una propuesta, esta no alcanzó a traducirse en una iniciativa de ley, dentro del periodo gubernamental de la Presidenta Bachelet. En los años siguientes, no ha habido avances en decisiones políticas sobre la materia.
Por otro lado, los desafíos de inclusión educativa generados por la reforma educacional (2014 en adelante), los problemas de convivencia escolar, y especialmente las consecuencias educativas de la pandemia, han aumentado la complejidad de la función directiva. A su vez, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad del trabajo colaborativo de manera que hoy se destaca especialmente el rol de los equipos directivos y predomina la noción del liderazgo distribuido.
Existe un cierto consenso de que una carrera directiva debe asumir un sentido integral, siendo más bien un sistema de desarrollo profesional directivo de manera análoga a como lo concibe la ley 20.903 para la profesión docente. Del mismo modo, hay convergencia en establecer las siguientes dimensiones de dicho sistema: funciones y atribuciones; requisitos de ingreso y mecanismos de selección; formación; trayectoria y tramos de progresión profesional; evaluación; condiciones de trabajo y remuneraciones (Weinstein et al., 2020).
Cada una de estas dimensiones invita a plantearse preguntas clave para construir un sistema de desarrollo profesional directivo: ¿Cómo definir las atribuciones de los directores y equipos directivos para que puedan desplegar su liderazgo garantizando la participación de las comunidades y la pertenencia a sistemas locales de educación? ¿Cómo establecer un sistema de selección que provea directivos con las capacidades requeridas para el contexto en que se desempeñan? ¿Cómo lograr que la formación inicial y continua de los directivos sea pertinente y contextualizada? ¿Se deben identificar o no tramos de desarrollo profesional que permitan reconocer etapas de una trayectoria en la función directiva? ¿Qué características debiera tener la evaluación de desempeño orientada al desarrollo profesional? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y los rangos de remuneración asignados a distintos cargos directivos, atendiendo también a la diversidad de contextos de manera de lograr atracción de docentes competentes y retención en la función directiva?
Existe, además, un dilema relacionado con el ámbito de aplicación para una carrera directiva: ¿solo para la educación pública o extendida a la educación particular subvencionada? Esta disyuntiva también se planteó durante la discusión de la carrera docente, resolviéndose por una cobertura universal pero con una gradualidad prolongada que colocó a la educación pública en primer lugar.
Es difícil excluir a la educación particular subvencionada de una carrera directiva, considerando no solo que ella cubre el 55% del total de la matrícula escolar, sino que este sector carece de una regulación que garantice criterios profesionales y de calidad educativa en la selección de los directores/as. Pero, también hay muy buenas razones para priorizar a la educación pública atendiendo a los desafíos de equidad que enfrenta nuestro sistema educativo.
La ley de educación pública (Ley 21040/2017) reconoce de manera especial el rol de los directores/as entregándoles mayores atribuciones para la contratación y participación en la selección de docentes, y crea nuevas instancias de participación (Conferencia de Directores). No obstante, estas condiciones no parecen suficientes para lograr un real empoderamiento de los directores y equipos directivos en el liderazgo de sus instituciones, considerando la necesidad de responder a distintas exigencias y/o demandas de información provenientes de una multiplicidad de organismos: Servicio Local de Educación, Dirección de Educación Pública, Superintendencia de Educación, Agencia de la Calidad, y Departamentos Provinciales. Ello resta autonomía y burocratiza la gestión directiva tornándose difícil a los directores centrarse en lo que se considera el núcleo pedagógico, de manera tal que con frecuencia se ven obligados a delegar funciones claves relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje, el bienestar socioemocional y el desarrollo profesional docente.
Si de verdad queremos fortalecer la nueva educación pública como vía para avanzar en igualdad educativa, es fundamental contar con directores y equipos directivos altamente calificados y comprometidos con proyectos educativos auténticamente inclusivos y democráticos, donde los niños, niñas, jóvenes y personas adultas puedan encontrar oportunidades de una educación de calidad integral. Es importante para ello que los directores/as tengan márgenes adecuados de autonomía y condiciones de trabajo para liderar los proyectos educativos compartidos de sus comunidades. Para ello es importante, asimismo, que puedan proyectarse en su dirección por, al menos dos periodos, de manera que los aprendizajes alcanzados en los primeros años les permitan consolidar una buena gestión de sus establecimientos y contribuir, asimismo, al desarrollo de proyectos educativos locales de sus territorios.
La complejidad de los nudos que implica un sistema de desarrollo profesional directivo hace necesario abrir más el diálogo y escuchar las voces de actores directos del sistema educativo tales como directores/as , integrantes de equipos directivos y de gestión, docentes y las comunidades educativas en general. Asimismo, es necesario tener en cuanta los hallazgos de la investigación sobre el tema.
Es en este sentido que el Centro Asociativo para el Liderazgo Educacional C-Líder y el Programa de Liderazgo Educativo de la Universidad Diego Portales, han convocado al Seminario “Hacia un Sistema de Desarrollo Profesional Directivo: buenas prácticas y desafíos”, a efectuarse el próximo 20 de octubre, que tiene por objeto promover una reflexión, entre distintos actores del sistema educativo, acerca del desafío de generación de una carrera directiva.
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