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Jorge Alarcón
Jefe de Proyecto "Buenas prácticas de liderazgo en unidades de gestión escolar en Chile: Aportes para la nueva institucionalidad de la educación pública."
Por Jorge Alarcón Leiva – IIDE, U. de Talca
En los días recientes, en parte a causa de la inminencia de las elecciones municipales de octubre de 2016, pero ciertamente como parte de una motivación de mayor alcance, han reaparecido en los medios de comunicación las señales negativas sobre los gobiernos comunales.
Desde las denuncias de un programa de televisión respecto al uso indebido de recursos para capacitaciones en el extranjero que, según toda evidencia, no eran tales; pasando por las “cadenas de clientelismo” (Durston, 2016); hasta las quejas por 200 años de centralismo (Valenzuela, 2016); campea un escéptico pesimismo sobre todo intento a favor de mejores autoridades, más descentralización y participación efectiva de las comunidades locales. Si este escenario no fuera ya suficientemente sombrío, se informa que la discusión parlamentaria del Sistema de Educación Pública (NEP) está retrasada y que está en riesgo su aprobación oportuna.
Recuérdese que la necesidad de una nueva organización de la educación pública, surgió a consecuencia de las movilizaciones sociales acontecidas entre 2006 y 2011, las que conducirían a la crítica del “empate político”, al surgimiento de “nuevos acuerdos” y a la exigencia de una “transformación profunda” del sistema educativo (Bellei, 2015).
De hecho, en su momento se consideró a la institucionalidad la causa medular de las debilidades de la educación municipal. En momentos que se vuelve a cuestionar a los municipios, convendrá recordar los propósitos políticos de la NEP, su relación con el sentido de las mejoras de los sistemas locales de educación y los desafíos que se avecinan para los líderes de la nueva institucionalidad.
Desde un punto de vista funcional, la propuesta NEP deriva del diagnóstico de falta de continuidad de las políticas locales, de su escasa responsabilidad respecto de procesos y resultados educativos, de la alta heterogeneidad de su matrícula y de las limitaciones de los equipos municipales para apoyar a sus escuelas y liceos, agregados a los déficits financieros y a los desiguales aportes para el sector en los municipios.
Para hacer frente a estos problemas, se ha planteado la creación de una nueva institucionalidad, constituida por una Dirección de Educación Pública, que coordinará 67 Servicios Locales de Educación (SLE), que tendrán a su cargo los establecimientos educacionales actualmente administrados por municipios. En lo esencial, los SLE deberán asegurar la disponibilidad de apoyo, de soporte técnico-pedagógico y la instalación de capacidades en cada establecimiento; al tiempo que sus funciones estarán sujetas a evaluación periódica.
Más allá de esta configuración, sin embargo, es importante resaltar los principios sobre los cuales descansa la propuesta NEP, entre los cuales cabe mencionar una provisión con cobertura nacional, que garantice el desarrollo equitativo y la igualdad de oportunidades para todos, que asegure la existencia de proyectos educativos pertinentes y diversos, con participación de la comunidad. Todo lo cual, conlleva consecuencias que cabe recalcar.
En primer lugar, se trata de objetivos educativos propios de una política efectivamente descentralizadora, esto es, que no solo busca desconcentrar atribuciones, sino que asigna a la organización territorial las facultades y los recursos necesarios para atender íntegramente el derecho a educación de la ciudadanía.
En segundo lugar, se reconoce el valor de la distribución territorial de los servicios, en el sentido que un mejor servicio público constituye un medio congruente con propósitos políticos democráticos, puesto que favorece una más alta adhesión a las instituciones. De modo tal que refuerza la participación.
En tercer lugar, se reinstala un paradigma republicano, esto es, un modo ejemplar de articular las relaciones entre el servicio público y las necesidades de los titulares de los derechos que estos servicios cubren. Esto supone evitar la identificación de “necesidades” con mera “demanda” y “servicios” con mera “oferta”. Dicho de otro modo: los servicios públicos deben generar pertenencia a la comunidad política y cohesión social, tanto como calidad de procesos y mejores resultados de aprendizaje.
Estos desafíos son “políticos” en un sentido primario porque son medios para desarrollar pertenencia y cohesión. Vale decir, la NEP se orienta a los propósitos fundamentales de fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad política y la cohesión de los lazos de quienes la integran. Refuerzan, entonces, el cemento de la vida común que son las instituciones y el reconocimiento mutuo que nos hace “diversamente diversos” (Sen, 2011).
En este sentido, el liderazgo que se necesita debe comprender los requerimientos técnicos de su desempeño, pero también requiere atender a la tesitura política de los desafíos a que se enfrenta la gestión educativa territorialmente localizada. Al país, le urge disponer de líderes políticamente comprometidos y técnicamente competentes.
Líderes capaces de crear redes de trabajo, de incluir a todos en un proyecto de interés común, de promover la diversidad, ocupados de recrear la comunidad política, de robustecer los lazos entre los ciudadanos, mediante la provisión de una educación de calidad integral, que haga honor a la condición que el Estado reconoce a la educación: un derecho de toda la ciudadanía.
Cuando menos en negativo, esta es la lección que nos ha dejado la municipalización de la educación chilena, llevada a cabo hace ya 40 años atrás. Se trata, en todo caso, de la gran lección sobre cuyos detalles CEDLE ha estado trabajando para aprender cómo mejorar, y en qué sentido hacerlo, a la educación pública nacional.
