Paula Riquelme
Jefa de Proyecto "Prácticas de gestión y liderazgo de los equipos directivos en el marco de la Ley de Inclusión Escolar".
Dra. Paula Riquelme Bravo.
Mg. Omar Aravena Kenigs.
Mg. Eliana Ortiz Velosa.
Comprender, en profundidad, lo que implica una gestión escolar inclusiva caracterizada por un liderazgo distributivo con foco en valores que comprometen a una comunidad con la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes y la mejora continua de los procesos, claramente va más allá de un marco normativo político. Por tanto, nos sitúa en la aventura de concebir la educación desde una perspectiva de la justicia social.
La inclusión, como fundamento filosófico y axiológico de un proyecto educativo, permite generar culturas basadas en creencias y expectativas. Asimismo, en las representaciones sobre el cómo respetar, tolerar y participar en la construcción de una comunidad escolar con identidad, compasión, valentía y decidida a generar cambios profundos que permitan una convivencia basada en el respeto por las diferencias, como una oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes independiente de su condición social, cultural y educativas.
En este sentido, el rol de los líderes escolares es clave para eliminar las barreras que generan exclusión. Estos actores tienen la responsabilidad de transformar las escuelas en comunidades donde impere la justicia social, para lo cual es necesario un liderazgo que contribuya y potencie una cultura de la inclusión para la igualdad, partiendo de supuestos, principios, creencias y valores que se vinculen con la acción pedagógica del centro. De este modo, la inclusión debería poder expresarse tanto en los lenguajes utilizados, como en el currículum oculto y en los patrones de acción y actuación de todas las personas que trabajan en la escuela.
Una estrategia a implementar desde los centros escolares, para promover la participación, la implicancia e impulsar los procesos de transformación es la investigación colaborativa. La colaboración en la investigación, implica la instalación de una comunidad de aprendizaje y de desarrollo profesional donde se vivencia y se construye conocimiento situado para resolver problemáticas sentidas y percibidas por los diversos actores. Para desarrollar este tipo de metodologías se siguiere una ruta de trabajo que considere: evaluación participativa; delimitación de necesidades y fortalezas en equipos; negociación de la problemática a resolver; planificación conjunta de los objetivos, actividades y formas de verificación; y del proceso reflexivo orientado a la evaluación y la mejora.
La evaluación participativa permite a una comunidad acceder a las representaciones y creencias sobre determinados tópico o situaciones, nos remite a la voz de los actores educativos. Posteriormente, el análisis colectivo permite delimitar fortalezas y oportunidades de mejora.
En la delimitación de necesidades y fortalezas, dicho análisis facilita la categorización de la información para develar barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Asimismo, permite develar las oportunidades que ofrecen los diversos contextos escolares para el desarrollo de la transformación.
La negociación de la problemática a resolver nos remite a la capacidad de una comunidad de llegar a consenso sobre qué práctica educativa desea mejorar o focalizar, para aportar al mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje que vivencian los estudiantes.
La planificación conjunta de los objetivos, de las actividades y de las formas de verificación, igualmente es un proceso de negociación donde se establecen los propósitos del cambio, qué haremos como comunidad para lograrlos, qué recursos humanos y materiales se requieren, así como, las formas en que se desarrollará el seguimiento de las acciones y qué medios verificarán la acción transformadora.
Finalmente, la reflexión orientada a la evaluación y la mejora es la base del proceso de transformación y de movilización de creencias. Este se constituye del intercambio de conocimiento práctico y su resignificación desde los aportes del teóricos, permitiendo a las comunidades generar conocimiento situado que resuelva problemáticas específicas de sus centros.
En síntesis, un liderazgo para la inclusión escolar, debe orientarse al desarrollo de prácticas democráticas y participativas, en el que ocupan un lugar importante las dinámicas de comunicación, diálogo, colaboración, trabajo en grupo, en un marco de respeto en el que necesariamente confluirán perspectivas no siempre consensuales, a veces conflictivas, sobre las que hay que optar desde una base moral. De esta forma se puede avanzar hacia la reconfiguración de culturas, políticas y prácticas educativas con foco en la participación de todos sus estudiantes en el aprendizaje y de la comunidad en general, para mejorar las condiciones de una educación para todos y todas sin exclusión.
