Sebastián Donoso
Jefe de Línea "Desarrollo de Capacidades en Instituciones Formadoras".
La propuestas de los presidenciables respecto de educación manifiestan el «estado de situación» de un sector que siendo reconocido como prioritario por los ciudadanos y por tanto un constituyente ineludible de las propuestas programáticas en esta campaña presidencial (2017). Oda a los movimientos estudiantiles de los años 2006 y 2001, y a las reformas de Bachelet II, como hitos insoslayables de las propuestas en análisis, estén o no de acuerdo con ellas.
Al revisar las iniciativas de las campañas en curso, no se evidencia la voluntad de generar una política de Estado en educación, consideran diagnósticos simplificados como base de las medidas que enuncian. Por ende, son insuficientes para referirnos a los desafíos cruciales que atañen al sistema escolar, tensionado por cambios en sus normativas y prácticas de funcionamiento, las cuales superan largamente los proyectos y leyes aprobadas en la administración que concluye.
En este diagnóstico precario de lo que está ocurriendo en el sector y de menor visión sobre lo que viene en materia de demandas para el país, destaca la ausencia de los temas de liderazgo y dirección educativa (pedagógica), entre otros aspectos importantes ausentes del «relato de lo que se busca hacer en educación».
Sabemos que en educación se requieren estrategias multifactoriales, de manera que lo importante es priorizar aquellos elementos claves, entre los que se esperaría que estuviese el liderazgo y dirección educativa, por la transcendencia que pose atendiendo a la evidencia de resultados que hay en este campo.
Entonces, cuando estamos hablando de un tema capital del sistema escolar chileno, a saber, los bajos resultados en logros de aprendizaje del sistema escolar, fenómeno transversal a todos los segmento sociales y tipos de establecimientos, en función de sus desempeños en las pruebas internacionales comparados con países de ingresos económicos equivalentes. Sabemos que la conformación de un liderazgo positivo, apoyado por equipos directivos capaces, son esénciales para revertir -en el tiempo- esta compleja situación que afecta tanto a establecimientos privados y de elevado costo hasta los públicos gratuitos.
Adicionalmente, el país expone un impacto desmedido y con valores muy superiores a los registrados por países de la OCDE respecto del peso de los factores socioeconómicos familiares en los resultados educativos. Ello implica que el establecimiento escolar chileno no corrige significativamente las debilidades del origen socioeconómico de la familia sino en cifras menores (10 a 20% de los resultados son atribuibles al establecimiento), cualquiera sea el tipo establecimiento, por ende el aporte de este factor es sustancialmente más bajo que el mostrado en otros países. La escuela chilena debe mejorar significativamente su aporte a la calidad de la educación en todos los segmentos sociales y modalidades formativas. Para que una escuela lo pueda hacer es indispensable contar con líderes potentes que conduzcan este proceso.
Otro dato, solo a partir del año 2008 existe un subsidio financiero claramente diferencia según grado de pobreza/vulnerabilidad de la población escolar, desde 1981 hasta el 2008 se pensaba que «costaba lo mismo educar a un estudiante vulnerable que uno no vulnerable», supuesto que no resiste análisis: pues se entiende que el costo formativo de la población vulnerable es mayor. En este escenario, el rol de líderes pedagógicos en contextos vulnerables es aún más determinante.
Nota al margen es discutir la pertinencia del sistema de cálculo del subsidio. No hay país en el mundo, por neoliberal que sea, que haya copiado el calculo de subsidio por «asistencia promedio mes (móvil) del estudiante». Es decir, claramente nuestro modelo es inapropiado para representar la complejidad financiera del fenómeno (educativo) que atiende. Después de casi 40 años de aplicación y evidencia sólida sobre su impertinencia, se mantiene con correcciones menores, incluso en la nueva ley que Crea el Sistema de Educación Pública no lo cambia, salvo en cómo financiar el aparato burocrático del Servicio Local de Educación.[1]
En este escenario ¿están los docentes preparados para revertir los déficit formativos de los estudiantes y, adecuarse a los contextos socioculturales para responder a las exigencias curriculares, conforme se pide? Según la evidencia de resultados escolares de más de 35 años, no lo están del todo. Ella muestra como un factor clave que la inserción exitosa de los docentes dependen, además de líderes pedagógicos que les apoyen en esta tarea. Es decir su primera experiencia profesional es determinante en su hacer.
Atendiendo a lo señalado, se necesita de un esfuerzo nacional que articule los programas formativos de profesores, bajo estándares claros (más allá del puntaje de admisión) y validados, con sistemas formativos compartidos, adecuados al contexto y características de los futuros docentes y estudiantes, apuntando a los problemas detectados por la larga serie de pruebas nacionales -que siguen remarcando dificultades relevantes- y compaginando estos aspectos con los nuevos procesos formativos. La política pública en este plano es muy débil. El mercado no sirve para regular esta materia tan importante y no hay soporte legal para un Estado más capaz, activo, con recursos financieros para que este asuma esa tarea. En sustitución transitoria de estos factores, los lideres son un buen paliativo para que se corrijan estas debilidades.,
Igualmente, la necesidad de generar un sistema de carrera profesional de los directivos escolares es una tarea pendiente, de relevancia, no debidamente incorporadas en las propuestas en comento.
En respuesta estos aspectos nos encontramos con propuestas que -salvo excepciones- no profundizan en un proyecto de desarrollo sólido en este campo. Entonces «centrarnos en la sala de clases», como también «profundizar la gratuidad», por mencionar algunos, son aspectos que deben debatirse en el marco de un diagnóstico que muestre cómo apoyar desde distintas dimensiones los aprendizajes, y a su vez, cómo hacer de la gratuidad un factor de equidad social. En este marco el rol de los líderes es demostradamente fundamental.
Por cierto, lo que se extraña no son medidas o iniciativas que puede que se inscriban en las tendencias de desarrollo del sector en país con desarrollo equivalente, sino básicamente la ausencia de un diagnóstico compartido país respecto de los principales problemas, y en razón de ello, analizar las propuestas de solución y generar acuerdos, aunque mínimos, indispensables para no hacer de cada período de gobierno un acto fundacional, al cual hemos asistido -directa o indirectamente- cada vez que se cambia la orientación del gobierno.
En este marco, en las propuestas en comento, el rol de los líderes pedagógicos está más ausente que presente, siendo ello -también- un problema mayor.
[1] Tenemos escasos y desactualizados los estudios de costos efectivos de la educación escolar según tipo de estudiantes, no sabemos a ciencia cierta cuánto cuesta realmente educar un estudiante según su condición socioeconómica. Al no existir un referente real al respecto, no hay parámetros sólidos, entonces, no sabemos si los subsidios asignados son los que corresponde según la calidad que queremos alcanzar.
