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Paulina Herrera
Jefa de Proyecto "Formación en Liderazgo para la Convivencia Escolar".
El año 2002 el Ministerio de Educación puso a disposición de los establecimientos educacionales la primera versión de la política de convivencia escolar. En el año 2015, es decir trece años después se entregan los lineamientos de una nueva mirada, la cual debería orientar a los distintos actores educativos en su gestión de la convivencia escolar.
¿Qué cambia realmente? Respecto a la primera versión, ¿qué nuevos desafíos se abren para los actores escolares?, ¿cómo conjugan esta política con las nuevas legislaciones que influyen en la gestión de la convivencia escolar, por ejemplo, la ley de inclusión?.¿Qué desafíos implica para los inspectores generales en el ejercicio de su rol de líderes en sus equipos de gestión?.
El cambio en la política, transita de un énfasis puesto en la resolución de conflictos relacionado fuertemente con los aspectos normativos, a una mirada formativa que amplía la mirada de la convivencia escolar poniendo foco en el aprendizaje de los estudiantes y la vivencia cotidiana de aprender en y para la convivencia social.
Esto implica apostar por la formación de las personas ordenando el conjunto de acciones y decisiones de la gestión escolar en pos de privilegiar la dimensión humana y social. Es decir, la formación integral donde concurren las experiencias y conocimientos provenientes de las disciplinas de estudio (asignaturas) y las experiencias y los conocimientos del ámbito social.
Además, se cambia la mirada de un sujeto parcelado hacia un sujeto integral, en el cual se dan relaciones dialécticas entre los procesos individuales y sociales.
Igualmente, se mueve desde una mirada centrada en el comportamiento individual de los estudiantes a una forma de entender y explicar su comportamiento en un contexto más amplio (Comunidad Educativa) entendiendo que influyen múltiples factores.
Por último, se cambia la comprensión de la convivencia escolar como algo estático como logro o resultado final a la idea de un mejoramiento continuo, como construcción dinámica que se centra en los procesos.
Por otra parte, no sólo ha habido cambios en estos ámbitos, también en las normas que ordenan el sistema educativo. La antigua Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE, 1990) fue derogada y en su reemplazo se dictó la Ley General de Educación (LGE, 2009), que plantea una nueva forma de entender el funcionamiento del sistema escolar. A ella se agrega la Ley sobre Violencia Escolar promulgada el año 2011, que propicia el diseño e estrategias para promover la buena convivencia escolar y la prevención de la violencia escolar. Asimismo, la nueva Ley de Inclusión Escolar que regula la admisión de los estudiantes, prohíbe la discriminación arbitraria, permite sanciones solo si están en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar una buena convivencia y obliga al derecho a asociarse libremente.
Además, no puede dejar de considerarse la importancia que tienen las nuevas legislaciones en torno a la temática de formación ciudadana y sus desafíos actuales. La iniciativa busca promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, junto con los derechos y deberes, en todos los establecimientos educacionales del país. De esta manera, la educación cívica será un eje transversal que preparará a los niños y jóvenes a enfrentar dilemas éticos a lo largo de su vida y a convivir en una sociedad respetuosa con las diferencias, lo cual está directamente relacionado con el desarrollo de una sana convivencia.
La pregunta que cabe es que desafíos generan estos cambios en los inspectores generales, cuando ellos tradicionalmente se han ocupado de lo normativo, de resolver conflictos, desde una mirada más individual, parcelada y estática de la convivencia escolar. ¿Cómo pueden apoyar la inclusión, si prácticas como la suspensión y expulsión tendían a utilizarse ampliamente en los sistemas escolares como mecanismos en esta resolución de conflictos?.
Es aquí donde se abren inmensas posibilidades en el ejercicio de su rol para estos inspectores, donde puedan abrirse a conceptos como disciplina formativa o disciplina positiva, desarrollo de habilidades psicosociales en los actores de la comunidad educativa, gestión de la convivencia en diálogo con el proyecto educativo institucional, planes de mejoramiento educativo y cultura escolar.
¿Se sentirán capaces los inspectores de afrontar estos desafíos?, ¿qué ayuda necesitan para lograrlo?. Es allí donde aparece la necesidad de entregar nuevos espacios de formación a estos actores que formando parte de los equipos de gestión, no siempre son visibilizados como líderes en sus instituciones educativas.
Transitar hacia esta política implica mirar el sistema educativo en su conjunto pero también visibilizar a aquellos actores menos considerados en los espacios de formación y entregarles herramientas concretas y prácticas.
Entregar ayudas ajustadas e ir acompañando en el camino aparece como algo imprescindible para que los inspectores generales, la escuela y la comunidad educativa como un todo puedan materializar estas nuevas políticas en convivencia escolar.
