Opiniones de directores y directoras sobre la Ley de Inclusión Escolar: primeras impresiones

La ley de inclusión escolar –LIE-  termina en diciembre de 2018 su tercer año de implementación gradual en Chile. Los balances que se puedan hacer a la fecha son parciales, pues requiere más tiempo aún para que esté en régimen en todo el país. Lo que sin duda ha resultado más llamativo hasta el momento, es el nuevo sistema de admisión centralizado – SAE- que cambia de manera profunda las dinámicas de la elección escolar por parte de las familias. La LIE regula cuatro principios fundamentales. En primer lugar elimina las barreras de selección de estudiantes, tanto académicas como económicas y culturales, a pesar de que consigna ciertas excepcionalidades respecto a los niños con necesidades educativas especiales y a las cuotas de selección de los llamados liceos emblemáticos. En segundo lugar, termina gradualmente con el copago e instala la gratuidad completa en el sistema escolar subsidiado por el Estado. En tercer lugar, y consecuentemente, elimina el lucro del sostenedor y, en cuarto lugar, regula la expulsión de estudiantes de todas las escuelas, a partir del principio de no aplicar ninguna sanción a los estudiantes que se deriven de discriminaciones arbitrarias. Estos principios ya están operando en todas las escuelas municipales y en aquellas particular subvencionadas afectas a la ley, pues estas últimas tienen un plazo especial para adherir a la LIE.

Los cambios propiciados por la LIE son de envergadura. Sin duda afectarán con más presión a las escuelas que cobraban copago y seleccionaban estudiantes, no obstante los establecimientos gratuitos y no selectivos, también se ven afectados por el aumento de la subvención y por las disposiciones que regulan la expulsión de estudiantes. Es una regulación de alcance sistémico que promueve la desegregación del sistema escolar, pero cuyos efectos tangibles no son visibles aún. Es una política que fomenta la mixtura social recogiendo recomendaciones internacionales para mantener un balance entre la “libertad individual” de elección de escuela, y la “igualdad social” para asegurar comunidades escolares más cohesionadas socialmente (OCDE, 2012).

Al respecto, es interesante mostrar algunos datos empíricos de una investigación del CEDLE 2018 que tuvo como objetivo general conocer y analizar las posibilidades, oportunidades, y también los obstáculos y nudos críticos, de la implementación de la ley de inclusión para (des)favorecer procesos de liderazgo directivo orientados a la justicia social. Consultamos a 160 directores, a través de una encuesta on line, sus percepciones sobre la LIE y sobre los alcances de esta en el establecimiento que lideran. La encuesta se aplicó en las ciudades de Iquique, Coquimbo, Puerto Montt y Punta Arenas, donde el SAE ya está en marcha.

Entre otras cosas, destaca que la mayoría de los directores adhieren a los principios generales de la LIE respecto a terminar con la selección, el copago y el lucro. Sin embargo, un 36% de estos, todos de colegios particular subvencionados, no está de acuerdo con terminar con el copago de las familias. Por otro lado, la mayoría no aprecia los alcances concretos que tiene la LIE en su escuela (70%), seguramente por lo reciente de su implementación. Por lo mismo, es importante consignar que un 30% de los directores de escuelas particular subvencionados sí creen que su impacto será positivo. Por tanto, no se aprecia en sus opiniones una visión sombría o negativa acerca de la LIE.

Consultados sobre el tipo de diversidad que se promoverá a partir de la implementación de la LIE, los directivos aprecian que aumentará el número de niños con necesidades educativas en sus establecimientos (30%), la población migrante (17%) y los niños más vulnerables socioeconómicamente (13%). Un escaso 2% cree que aumentará el número de niños de familias de niveles socioeconómicos más altos. Esto último es lo que justamente está en el corazón de los objetivos de la LIE –aumentar la mixtura social de los establecimientos- no es visible (ni creíble) para los directores encuestados.

Otro dato que llama la atención es que los directores declaran que las acciones que pondrán en marcha en sus escuelas, apuntas a reforzar los equipos de convivencia escolar y del PIE (Programa de integración escolar orientado a niños con necesidades educativas especiales).

De forma muy preliminar, podemos concluir que la LIE es concebida como una política orientada a la integración de niños y niñas con necesidades educativas especiales –NEE-, más que como una regulación de desegregación. Podemos hipotetizar varias razones al respecto. Primero, la primacía de una noción de “inclusión escolar” reducida, muy marcada por el decreto 170, que regula la incorporación de cuotas de niños con NEE vía aumento de la subvención escolar por alumno. La segunda hipótesis es que los alcances de una posible mixtura social son imperceptibles, pues las escuelas particular subvencionadas que se han acogido a la LIE hasta el momento son las que no cobraban copago o tenía uno de bajo costo, por lo tanto la población que está usando el nuevo sistema de admisión escolar –SAE- es la de lo quintiles más bajos. La tercera, es la debilidad formativa de los directores que, según ellos y ellas declaran en la encuesta, no tienen formación sobre inclusión, y quiénes la declaran, la han adquirido a través de charlas o conferencias, pero no a través de procesos formativos que les permitan aprender a liderar escuelas inclusivas y a preguntarse por los alcances de promover mayores niveles de justicia social en su escuela. Sobre este último punto, la política educativa tiene desafíos muy relevantes. Es urgente incorporar oportunidades de formación para directores y directoras que les permitan problematizar la noción de inclusión escolar y conocer experiencias y casos concretos que les ayuden a imaginar sus escuelas como espacios orientados a la promoción de la justicia social.