Teresa Rojas
Jefa de la Investigación "Liderar la inclusión educativa en Chile: tendencias nacionales y una aproximación al caso de la Región de Magallanes.
La ley de inclusión aprobada el 2015, comenzó su implementación gradual el año 2016. Forma parte del paquete de reformas educacionales del gobierno de Michelle Bachelet y responde a una de las promesas de su campaña orientada a disminuir la segregación y la desigualdad escolar en Chile. Como ya es sabido, posee tres mandatos fundamentales, como son, prohibir el lucro de sostenedores privados con recursos públicos, terminar gradualmente con el copago que realizan las familias avanzando hacia un sistema escolar gratuito, y acabar con la selección escolar, dando inicio a un proceso de admisión aleatoria, entre tres opciones decidas por las familias, que ya ha sido implementado en 4 regiones del país.
La ley ha estado en el centro del debate político en todo este período, pues es la primera regulación en treinta años que altera mecanismos de mercado que han sido defendidos profundamente por algunos actores, especialmente el derecho de las familias a escoger las escuelas de sus hijos, y, al mismo tiempo, el derecho de las escuelas a decidir a qué tipo de población quieren educar. Desde otra vereda, se sostiene que estos “derechos” son, en realidad, dispositivos de segregación que excluyen a la población más vulnerable del país aumentando con ello las brechas de calidad del sistema educacional.
En este contexto de debate político nacional, nos propusimos conocer qué opinan los directivos de las escuelas potencialmente afectas a la ley de inclusión, vale decir, que hasta marzo del 2017 contaban con algún sistema de selección y/o copago. Para ello, aplicamos una encuesta a 201 colegios de la Región Metropolitana y la VI región, consultando, en cada caso, al director o directora del establecimiento, más un directivo que este designara, que mayoritariamente fue el jefe de UTP. La encuesta contó con 27 preguntas que trataban sobre opiniones y nivel de conocimiento frente a la ley; también sobre medidas específicas que se estuvieran llevando a cabo en los establecimientos para adelantar el proceso de aplicación de la ley; y un tercer grupo de preguntas sobre demandas y necesidades puntuales que los directivos apreciaban como importantes para la aplicación de la regulación. La encuesta fue contestada por 407 directivos.
Al respecto, tres resultados que nos parecen interesantes:
Estos tres resultados requieren ser seguidos y observados a la luz del proceso de implementación del nuevo sistema de admisión, pues la encuesta se realizó antes de que se implementara en la VI región. No obstante, en términos generales, se aprecia que existe un nivel de aceptación tácito con los principios que orientan la ley y que no se denuncian riesgos o debilitamiento de la calidad educativa por su puesta en marcha.
Finalmente cabe destacar que en atención a las demandas que plantean los directivos, la mayoría absoluta declara que es necesario capacitar a los docentes en pedagogías que favorezcan la inclusión en el aula y, también con alta importancia, que se requiere que los organismos del Estado otorguen orientaciones concretas y prácticas para llevar a cabo procesos inclusivos.