Servicios Locales de Educación: una apuesta al fortalecimiento del nivel intermedio.

El Proyecto de Ley que crea el Sistema de Educación Pública y que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, pretende subsanar varias debilidades de los actuales sostenedores de la educación municipal. Entre éstas se cuentan numerosos casos de falta de continuidad de las políticas locales debido a la influencia de los ciclos políticos del municipio, su foco administrativo, la baja responsabilidad respecto de los procesos pedagógicos y resultados de aprendizaje, la alta heterogeneidad en la escala de matrícula que atienden y en las capacidades de equipos municipales para apoyar a sus escuelas y liceos, los déficits financieros y aportes desiguales de los municipios para educación, y otros.

Para ello se propone la creación de una nueva institucionalidad conformada por una Dirección de Educación Pública (nueva Dirección dentro del MINEDUC) la cual coordinará 67 servicios locales de educación (SLE), quienes tendrán a su cargo los establecimientos educacionales que hoy son administrados por 345 municipios. Estos nuevos organismos estarán guiados por principios de la educación pública para la  provisión del servicio educativo (calidad integral, mejora continua de la calidad, cobertura nacional, desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades, colaboración y trabajo en red, proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana, pertinencia local, diversidad de proyectos educativos y participación de la comunidad). Los SLE tendrán entre sus funciones la de asegurar el apoyo y capacidades técnicas en cada establecimiento, para lo cual contarán con equipos especializados y multiprofesionales que realizarán la labor de apoyo y soporte técnico pedagógico. La gestión de los servicios locales de educación será sujeta asimismo a una evaluación periódica.

Se configura así la entrada en escena de un nuevo actor en nuestro sistema escolar, un sostenedor fortalecido para los establecimientos públicos que funcional y territorialmente operarán de manera descentralizada. Sus directores serán seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública y reportarán a la Dirección de Educación Pública por medio de convenios de gestión educacional. Este fortalecimiento de nuestro nivel intermedio está en concordancia con lo que otros sistemas educativos han hecho para mejorar la educación a nivel sistémico (véase Mourshed et. al., 2010), y tiene grandes ventajas por su mayor profesionalización, así como por la provisión de un servicio de apoyo de manera sistemática y desvinculado de ciclos políticos. Además, el proyecto de ley establece un orden a nivel nacional para la entrada en funcionamiento de este nuevo sistema, en el que algunas regiones comienzan antes que otras, contemplando una gradualidad de seis años a partir de 2017 para su implementación en todo el país.

Un cambio de estas proporciones tiene también importantes desafíos, entre los que se cuentan:

• Conocer y atender las características y necesidades educativas de cada territorio, pasando de una mirada comunal a una territorial.
• La gestión tendrá lugar en una escala 4 o 5 veces mayor de establecimientos, lo que implica mayor distancia geográfica para muchos de ellos respecto de su actual sostenedor.
• Será necesario implementar sistemas de apoyo técnico pedagógico y psicosocial para acompañar la gestión educativa y los procesos de mejora de en cada  establecimiento
• El apoyo deberá ser organizado con un enfoque de trabajo en red, lo que representa nuevas formas de relacionarse con los establecimientos, así como entre establecimientos.
• Habrá que capacitar y coordinar a los intermediarios o representantes del sostenedor para su interacción con los establecimientos y redes de trabajo.
• Se requiere poner en marcha sistemas de información y monitoreo de la gestión educativa.

Todo lo anterior debe ocurrir de manera gradual y cuidando el traspaso de funciones desde las actuales municipalidades a los nuevos SLE, identificando aquellas que se debería conservar. Además, este nuevo sostenedor deberá establecer una adecuada relación con otras divisiones del MINEDUC ya existentes, con la Agencia de Calidad de la Educación y Superintendencia de Educación, entre otros.

Estos desafíos requieren de un cuidadoso diseño operativo, implican modificaciones estructurales a nivel de sostenedor, y lo más importante, reconfigurarán la relación entre el sostenedor y los establecimientos, lo que obliga a otros cambios de carácter cultural y probablemente de re-diseño en la estructura de estos últimos para dar respuesta a las nuevas interacciones y propuestas de trabajo que plantearán los nuevos sostenedores.

Estamos ante una transformación de grandes proporciones en nuestro sistema educativo, sabemos que este proyecto de ley abre nuevas posibilidades para trabajar de manera sistemática con los establecimientos, pero no construye capacidad por sí mismo. En ese sentido,  queda mucho por afinar respecto de cómo va a operar el nuevo actor en cada territorio. Más que un diseño único y pre establecido, es necesario tomar en consideración las características y necesidades de apoyo en cada lugar, planificar la gradualidad en la implementación de nuevas funciones y aprender de la iteración de diversas estrategias de soporte. Todo, como parte de un proceso de cambio y mejora continua para los próximos años.