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En esta entrevista, el máximo dirigente de la Superintendencia de Educación, quien asumió el cargo en 2022, nos comparte el escenario que hay detrás de la propuesta de resolver los conflictos que se generan en las comunidades educativas de manera colaborativa y su rol como entidad fiscalizadora para garantizar un ambiente adecuado para que los niños, niñas y jóvenes puedan alcanzar un óptimo aprendizaje.
La convivencia, la tensión, la resolución de conflictos, y en general, los conflictos en sí, han estado presentes en la historia de la humanidad, y por supuesto, muy presentes en nuestro país y en nuestra sociedad, comienza el Superintendente introduciendo este tema.
La relación que guarda con el sistema educativo es muy directa ya que como explica, “muchas veces son hechos que están normalizados o que se vienen haciendo de determinada manera y, con el correr del tiempo, comprendemos que hay situaciones que no se permiten, que no se deben hacer y empezamos a darnos cuenta para tratar de generar cambios en esos aspectos. Esta realidad, que está presente en nuestra historia, en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, por supuesto, que también permean los establecimientos educacionales y las comunidades educativa”.
Al hacer referencia a los factores que inciden en que esta convivencia sea más armónica o teñida de conflicto, no podemos dejar de mencionar la pandemia, considerando el contexto que se generó con la aparición de las relaciones virtuales, los temas de salud mental, etc, que, como señala el Superintendente, ha influido fuertemente en los establecimientos y comunidades educativas. Agrega además que los cambios culturales que se están produciendo, las migraciones, el acceso a internet a una serie de realidades, también son otros elementos o factores que afectan la convivencia.
“La convivencia es un hecho que se aprende, es necesario aprender a convivir bien. Poder buscar la forma de resolver los conflictos, a buscar la manera de enfrentar adecuadamente las tensiones que han estado siempre presentes en la historia de nuestra sociedad y que sea razonable. En este contexto es que surge la normativa educacional, con las herramientas y los espacios para que dentro de los establecimientos podamos enfrentar adecuadamente los conflictos y las situaciones de tensión”.
La labor de la Superintendencia es incentivar un trabajo más colaborativo, en que todos los actores puedan participar y enfrentar las situaciones de una manera distinta a la que históricamente se ha hecho. En este sentido, explica el Superintendente, “es clave la instalación de capacidades, considerando que la buena convivencia es algo que se debe aprender, implica entonces generar esas capacidades para resolver los conflictos de manera razonable, dialogando, buscando mecanismos de mediación, y lo importante es que dejen aprendizajes para las comunidades”.
Al generarse los conflictos, agrega, lo relevante es que, además de enfrentarlos de la mejor manera posible, se analicen para generar los aprendizajes necesarios, para que en el futuro, cuando se vuelvan a presentar, haya nuevas herramientas para ir resolviendo de una manera más adecuada, aquellas situaciones respecto de las cuales ya se aprendió cómo enfrentarlas.
Sin duda, que un elemento fundamental es contar con equipos que gestionen la convivencia, algo que el sistema actual tiene contemplado. “Es importante que haya un proceso participativo, es decir, que todos se vayan apropiando de la manera en que pueda irse resolviendo ese conflicto que se haya generado entre los distintos actores de la comunidad educativa”, afirma el dirigente.
Aquí cobra relevancia el rol de los reglamentos internos que deben tener las comunidades educativas para establecer diferentes estrategias de cómo se van a enfrentar esta situaciones. Al respecto, sostiene que, “si bien las situaciones que se plantean en las denuncias son complejas y ocurren en todos los establecimientos educacionales del país, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, son procesos largos. En ese transcurso vamos aprendiendo y racionalizando el cómo se deben enfrentar este tipo de situaciones, que tienen distintos grados de complejidad y de temáticas”.
En este proceso, se han establecido los mecanismos de gestión colaborativa de conflictos: “entre ellos está la atención temprana en la que intervenimos prontamente apenas recibimos la denuncia, está la mediación en la que ingresa una persona externa para intentar mediar entre los distintos grupos o actores que se enfrentan en una comunidad educativa.
Afortunadamente, han evidenciado una recepción muy positiva en las comunidades educativas con la intención de resolver de manera colaborativa las situaciones conflictivas. Así también, “las vemos con una buena disposición hacia la capacitación y el aprendizaje de estos mecanismos y herramientas y cómo aplicarlos a las diferentes situaciones que se viven. Aquí también cobran relevancia las estrategias de prevención (inherentes al reglamento interno, así como los protocolos de actuación), que implican capacitación y formación, por un lado, y por otro, reunirse como comunidad para definir cómo enfrentar las situaciones que se están viviendo.
En esta área figuran elementos que propician poder llegar a este acuerdo como el manual de convivencia escolar, los consejos o comités de convivencia escolar, el plan de gestión de la convivencia, entre otros elementos que tienen que estar para ir definiendo de una manera ordenada cómo se generan estas capacidades para ir enfrentando las situaciones más complejas.
Recalca el Superintendente que, en este momento, se presentó el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y el bienestar de las comunidades educativas, donde se potencia una serie de elementos que ayudarán a gestionar aún mejor la convivencia.
La normativa legal define los estándares mínimos de protección para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Al respecto, comenta el dirigente que han trabajado para darle sentido a las obligaciones y lo que determina la ley. Al haber realidades tan disímiles en las escuelas a lo largo del país, lo que hace esta normativa es establecer un marco de resguardo: “Nosotros como Superintendencia lo que buscamos es que se cumpla esta normativa en el ámbito educacional. Para esto hay diferentes mecanismos, como el plan anual de fiscalización, en el que definimos diferentes programas que consisten en tareas de fiscalización en determinadas materias vinculadas con la convivencia”.
“Una herramienta que estamos posicionando con mucha fuerza es la prevención ante las situaciones que se presentan: verificamos que existan estos planes de gestión de la convivencia, que existan acciones preventivas, hacemos capacitaciones, hacemos promoción de la normativa, programas de acompañamiento y vemos cómo está la situación en los establecimientos sin necesidad de levantar sanciones. Desde aquí construimos para llegar a un mejor cumplimiento de la normativa y que, en definitiva, estemos mejor preparados para poder enfrentar mejor las situaciones de convivencia más complejas”, explica el Superintendente respecto de sus funciones.
Como Superintendencia les ha costado encontrar referentes o pares similares en otros países, principalmente en Latinoamérica: “no hay muchas instituciones que hagan este trabajo de cumplimiento de la normativa, están enfocadas más bien al ámbito pedagógico, como la función que realiza la Agencia de Calidad de la Educación”.
En este sentido, el Superintendente afirma que es necesario hacer una distinción al hablar del resguardo de derechos, sobre todo después de la pandemia, “en que el foco se ha puesto principalmente en la accesibilidad a la educación y los temas de aprendizaje. En este aspecto, si bien Chile ha avanzado, inevitablemente, la pandemia trajo sus efectos, pero lo bueno es que los resultados de estudios internacionales como Pisa, han mostrado que si bien hubo reducción en los niveles de aprendizajes, no hubo reducciones tan grandes, aunque tenemos muchos desafíos aún por mejorar en este aspecto”.
Sucede lo mismo con el tema de la asistencia a clases y las tasas de alfabetización, en que ha sido fundamental la eliminación de las barreras de acceso a la educación.